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RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS



EL TRIBUNAL SUPREMO PROHÍBE A LA AGENCIA TRIBUTARIA LA IMPUTACIÓN COMO GANANCIA PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN EL EXTRANJERO SIN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de junio de 2022, prohíbe a la Agencia Tributaria imputar como ganancia patrimonial los bienes en el extranjero sin plazo de prescripción.

La Sentencia determina que una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información.

Según la Sentencia, la Comisión Europea considera que la previsión contenida en el artículo 39.2 de la LIRPF, introduce un mecanismo manifiestamente desproporcionado de imprescriptibilidad de la potestad de regularizar las rentas de la AEAT. Razona también, que en el ámbito de la Unión Europea, existen mecanismos suficientes de cooperación administrativa para la transmisión de información fiscal.

EL ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA NO PUEDE SER AMPLIADO EN LA APERTURA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de mayo de 2022, interpreta que la ampliación del alcance del procedimiento de comprobación limitada, junto con la notificación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación, es contraria a los artículos 34.1.ñ) y 137 de la LGT, y constituye causa de nulidad de la liquidación dictada, que debe calificarse como infracción sustantiva del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y no como mero defecto formal.

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REGULARIZACIÓN FISCAL DE BIENES OCULTOS

Posted on November 12, 2012 at 4:53 AM
La "Declaración Tributaria Especial" se regula en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo (modificada por el 19/2012, de 25 de mayo) y en una Orden Ministerial de 31 de mayo. La Dirección General de Tributos ha delimitado su alcance en dos Informes vinculantes.
 
Sus características esenciales son:
 
- Permite aflorar bienes o derechos ocultos procedentes de rentas no declaradas sujetas al IRPF, al Impuesto de Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (p.ej. plusvalías derivadas de la venta de un inmueble en España), pero no de otros impuestos (p.ej. IVA o Impuesto de Sucesiones).
 
- Es una declaración especial de bienes ocultos, no la declaración tardía del impuesto correspondiente a un ejercicio concreto. En consecuencia, no podrá ser objeto de comprobación aislada por la Inspección de Hacienda, ni tampoco interrumpe la prescripción de las deudas tributarias no declaradas.
 
No podrá acogerse a la declaración el contribuyente a quien la Inspección le haya notificado el inicio de una comprobación o investigación por posibles deudas tributarias correspondientes a los citados impuestos.
 
- Aunque los bienes figuren en el extranjero a nombre de persona interpuesta, no de su verdadero titular, el contribuyente podrá declararlos como propios, pero siempre que, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, se convierta en su titular jurídico.
 
- Los bienes deben declararse por el valor histórico de adquisición, no por su actual valor de mercado. Pero si se han depreciado y su valor de mercado en el momento de la presentación es inferior al de adquisición, esa pérdida no será computable, a efectos fiscales, en caso de que se vendan con posterioridad a su declaración.
 
- El declarante tiene que acreditar que era titular de los bienes o derechos el 31 de diciembre de 2010, o en fecha anterior. No obstante, la Orden Ministerial ha incluido el efectivo entre los bienes susceptibles de declaración, y ha admitido, como ya ocurrió en 1977, que baste la declaración o "confesión" del interesado para acreditar que estaba en su poder en la fecha citada.
 
- La D.G. de Tributos ha señalado que la declaración puede limitarse a los bienes procedentes de rentas cuya deuda tributaria no haya prescrito todavía, sin que sea preciso incluir los procedentes de deudas tributarias ya prescritas.
 
- Los declarantes deberán ingresar el 10% de los bienes declarados y efectuar su declaración a más tardar el 30 de noviembre de 2012. No habrá prórroga alguna, entre otras cosas para que la recaudación obtenida pueda considerarse por el Estado ingreso en 2012 y disminuir el déficit presupuestario en el actual ejercicio.
 
A pesar del amplio rechazo que la nueva posibilidad de regularización ha suscitado, existen muchos precedentes:
 
- En España, en 1977 se aprobó una regularización fiscal todavía más amplia que la actual; y en 1991 se permitió a los titulares de Pagarés del Tesoro y otros activos financieros fiscalmente opacos (admitidos por la Ley de 1984 sobre tributación de activos financieros) la suscripción de Deuda Pública Especial, a un plazo que permitió la prescripción de las infracciones tributarias previas.
 
- Varios países de la OCDE (como Italia, Alemania, Bélgica, Grecia o Méjico) han adoptado en los últimos años iniciativas similares, con el beneplácito de dicha organización.
 
La regularización es una última oportunidad ofrecida a los titulares de bienes no declarados, que se ha acompañado -como recomienda la OCDE- de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que refuerza las medidas contra el fraude fiscal.
 
La nueva Ley obligará a todos los contribuyentes a realizar una declaración informativa anual de todos los bienes y derechos que se posean en el extranjero. En la primera declaración, a realizar en el primer trimestre de 2013, deberán declarar los que tengan a 31 de diciembre de 2012.
 
A quienes incumplan esa obligación no sólo se les impondrá una sanción por no declarar, sino que los bienes descubiertos se considerarán un incremento de patrimonio no justificado. Ese incremento no justificado se imputará, sin posibilidad de prueba en contrario, al último ejercicio no prescrito ?lo que, en la práctica, hará imprescriptible la correspondiente deuda tributaria- y se impondrá una sanción del 150%.
 
Se ha intensificado mucho la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal. Así:
 
- Los acuerdos de intercambios de información fiscal alcanzados entre Estados Unidos y diversos países de la OCDE -entre ellos, los 5 grandes países de la Unión Europea, Suiza y Japón-, siguiendo lo previsto por la nueva "Foreign Accounts Tax Compliance Act" (FATCA) aprobada en Estados Unidos.
 
- La inminente aceptación por Suiza de solicitudes generales de información fiscal ("demande groupée"), sin que respondan a un requerimiento en el marco de un procedimiento penal contra un imputado concreto-.
 
- El paulatino abandono por países de la Unión Europea y sus territorios dependientes de la posibilidad que les brindó la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro de no intercambiar información con otros Estados miembros sobre rendimientos satisfechos a no residentes, siempre que les aplicaran una retención especial.
 
Las tres grandes cuestiones legales son:
 
1. ¿Es constitucional que se exima de responsabilidad penal por delito fiscal mediante un RDL -como hace la disposición final primera del RDL 12/2012, que incorpora un nuevo apartado al artículo 180 de la Ley General Tributaria e introduce una "excusa absolutoria" con trascendencia penal-?
 
Parece que fue un grave error de técnica legislativa, fruto de la precipitación con la que se vienen redactando muchas normas jurídicas. Pero el Gobierno, sin embargo, ha subsanado el error al incorporar a la Ley Orgánica de reforma del Código Penal una disposición que considera efectuadas en plazo las declaraciones tributarias especiales.
 
Para otros, sin embargo, ni siquiera habría sido precisa esa reforma mediante Ley Orgánica: el Código Penal configura el delito fiscal como un "tipo penal en blanco", delimitado por las obligaciones que establecen las Leyes tributarias ordinarias.
 
2. ¿Viola la regularización principios de generalidad, justicia e igualdad del artículo 31 de la Constitución, como sostiene el recurso de constitucionalidad presentado por el Grupo parlamentario socialista?
 
La opinión dominante fue que el Tribunal Constitucional no suspenderá cautelarmente su aplicación -nunca lo ha hecho con ninguna norma fiscal estatal- y rechazará el recurso por tres grandes motivos:
 
- La norma no altera el deber general de contribuir.
 
- Al sujetar a tributación bienes hasta ahora ocultos, mitigará la violación máxima del principio de igualdad, que se da cuando esas rentas y bienes permanecen ocultos y no tributan nada.
 
- La contradicción con principios constitucionales sólo produce inconstitucionalidad cuando no hay razones que la justifiquen. Pero el agobiante déficit presupuestario y las dificultades de financiación del Estado hacen de interés general una regularización fiscal, a un tipo del 10%, dirigida a obtener ingresos extraordinarios.
 
Incluso si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la regularización fiscal -cosa muy improbable-, la nulidad no tendría efecto retroactivo, ni relevancia práctica: quienes se acojan a ella no podrán ser sancionados en el futuro, en virtud de los principios de seguridad jurídica -que el propio Tribunal aplicó cuando declaró inconstitucionales normas fiscales que perjudicaban al contribuyente- y de confianza legítima.
 
3. ¿Se extralimitó la Orden Ministerial (en particular, al admitir la regularización de efectivo, mediante una mera declaración del defraudador)?
 
Parece exorbitante que un RDL no sólo regule cuestiones tributarias reservadas a la Ley ordinaria, sino que delegue su posterior desarrollo por Orden Ministerial.
 
Pero también hay que señalar que la Orden fue aprobada en uso de las habilitaciones contenidas en el RDL y fue informada favorablemente por el Consejo de Estado. Además, la Audiencia Nacional ha rechazado, por falta de legitimación, el recurso contencioso presentado por el PSOE contra la Orden.
 
¿Qué ingresos extraordinarios producirá la regularización?
 
La de Italia de 2009, a un tipo del 5%, produjo 5.000 millones de euros. La de Alemania en 2005, a un tipo del 25%, apenas alcanzó 900 millones de euros.
 
La escasa recaudación obtenida hasta ahora en España carece de toda relevancia: como es habitual, el grueso de las declaraciones se producirá poco antes de la fecha límite, el próximo 30 de noviembre.
 
Fuentes: BOE y Dirección General de Tributos
 

Categories: TRIBUTARIO

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9:33 AM on May 22, 2013 
La disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, estableció la obligación de efectuar aportaciones económicas al Tesoro Público por parte de las

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