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RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS



EL TRIBUNAL SUPREMO PROHÍBE A LA AGENCIA TRIBUTARIA LA IMPUTACIÓN COMO GANANCIA PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN EL EXTRANJERO SIN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de junio de 2022, prohíbe a la Agencia Tributaria imputar como ganancia patrimonial los bienes en el extranjero sin plazo de prescripción.

La Sentencia determina que una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información.

Según la Sentencia, la Comisión Europea considera que la previsión contenida en el artículo 39.2 de la LIRPF, introduce un mecanismo manifiestamente desproporcionado de imprescriptibilidad de la potestad de regularizar las rentas de la AEAT. Razona también, que en el ámbito de la Unión Europea, existen mecanismos suficientes de cooperación administrativa para la transmisión de información fiscal.

EL ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA NO PUEDE SER AMPLIADO EN LA APERTURA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de mayo de 2022, interpreta que la ampliación del alcance del procedimiento de comprobación limitada, junto con la notificación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación, es contraria a los artículos 34.1.ñ) y 137 de la LGT, y constituye causa de nulidad de la liquidación dictada, que debe calificarse como infracción sustantiva del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y no como mero defecto formal.

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REAL DECRETO 358/2015, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 217/2008, DE 15 DE FEBRERO, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN Y DE LAS DEMÁS ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE INVERSIÓ

Posted on May 11, 2015 at 1:36 PM
El sistema financiero desempeña un conjunto de funciones que resultan vitales para el buen funcionamiento de la economía. En primer lugar, permite poner en contacto a las unidades económicas con superávit y déficit de ahorro, facilitando así la financiación de los proyectos empresariales. Además, el sistema financiero dota de liquidez a inversiones que en principio podrían ser ilíquidas ya sea a través de la transformación de vencimientos por parte de los intermediarios financieros, o a través de la creación de mercados secundarios donde los inversores puedan desprenderse de sus valores antes de que llegue la fecha de vencimiento de los mismos. Por último, cabría destacar su papel en la gestión del riesgo. Así, un sistema financiero desarrollado permite a cada inversor encontrar la combinación de rentabilidad y riesgo que más se adapta a sus características o a sus preferencias.

Aunque los episodios más importantes de crisis financieras han estado relacionados con las entidades de crédito, los quebrantos de otro tipo de entidades financieras también han tenido importantes consecuencias a lo largo de la historia. Asimismo, en tanto que entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se encuentran sometidas en muchas ocasiones a riesgos similares, se justifica una regulación común en materia prudencial. Por este motivo, toda la normativa europea de solvencia, es decir, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, basada en el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios» (Basilea III), extiende sus efectos a las empresas de servicios de inversión. Estas normas prevén unos requisitos de capital y liquidez así como de organización interna que, sin duda, contribuyen a reducir la probabilidad de aparición de episodios de insolvencia y que aumentan la resistencia de las empresas de servicios de inversión a periodos de tensión financiera. Sin embargo, no es menos cierto que, en algunas ocasiones, estos requisitos pueden suponer cargas regulatorias desproporcionadas en función del tamaño y la naturaleza de las empresas de servicios de inversión españolas. Por ello, atendiendo a que la mayoría de las empresas de servicios de inversión realizan actividades que distan mucho en términos de escala, naturaleza y complejidad de las realizadas por las entidades de crédito, la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, prevén exenciones para las empresas de servicios de inversión de menor complejidad.

La Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en dos etapas. En una primera fase, el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, transpuso aquellos aspectos más urgentes de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya no transposición podría haber dificultado el ejercicio por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las nuevas facultades que atribuía esta Directiva así como su propia operatividad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Más tarde, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, acometería la plena incorporación al derecho español de las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya transposición precisaba rango legal. En particular, las disposiciones en materia de empresas de servicios de inversión fueron incorporadas a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a través de la disposición final primera. Este real decreto tiene por objeto, por un lado, culminar la transposición de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y, por otro, convertir el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, en la principal normativa con rango reglamentario en materia de ordenación, supervisión y solvencia de empresas de servicios de inversión.

Este real decreto consta de un único artículo que introduce una serie de modificaciones en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. Así, los apartados dos y tres desarrollan los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del consejo de administración, directores generales y otros puestos clave de las empresas de servicios de inversión. Esos requisitos se agrupan en tres categorías: honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia y capacidad para ejercer un buen gobierno que deberán ser evaluados de forma continua tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como por las propias empresas de servicios de inversión. Por su parte, el apartado diez introduce una serie de artículos que desarrollan las funciones de los tres comités con los que deben contar las empresas de servicios de inversión según lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el comité de nombramientos, el comité de remuneraciones y el comité de riesgos. Entre las funciones del primero de estos comités cabe destacar la de fijar un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. Asimismo este apartado desarrolla las obligaciones de publicidad en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones.
El grueso de las modificaciones se encuentra en el apartado doce que añade dos nuevos títulos al Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. El primero de ellos contiene las disposiciones sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión adicionales a las del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Dentro de este título, el capítulo I recoge las obligaciones de las empresas de servicios de inversión de contar con estrategias y procedimientos que les permitan evaluar la adecuación del capital mantenido a la naturaleza, escala y complejidad de su actividad. Asimismo, se establecen una serie de pautas que deben seguir las empresas de servicios de inversión para gestionar los distintos riesgos a los que se enfrentan (riesgo de crédito y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de interés, riesgo de titulización, riesgo operacional…).Por su parte, el capítulo II contiene el régimen de colchones de capital de nivel 1 ordinario adicionales a los establecidos con carácter ordinario en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Siguiendo la estructura de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, este capítulo se remite al capítulo equivalente del Real Decreto 84/2014, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio. El segundo título que añade el apartado doce recoge las disposiciones que regulan la función supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se divide en cuatro capítulos. El capítulo I recoge el contenido de la revisión y evaluación supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta supervisión deberá prestar especial atención al uso de métodos internos para el cálculo de los requisitos de solvencia. El segundo capítulo contiene el ámbito subjetivo de la función supervisora. En particular, se fijan una serie de normas para determinar a qué autoridad competente corresponderá la supervisión en base consolidada cuando el ente a supervisar es un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión que opera en varios Estados. Adicionalmente, el capítulo III recoge el marco de colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades competentes. Destacan en este capítulo los artículos relativos al funcionamiento de los colegios de supervisores, a la adopción de decisiones conjuntas en materia de supervisión prudencial o el procedimiento de declaración de sucursales significativas. Por último, el capítulo IV recoge una serie de obligaciones de publicidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de las empresas de servicios de inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar, entre otros, los criterios y la metodología que utiliza para revisar los procedimientos aplicados por las empresas de servicios de inversión para dar cumplimiento a la normativa de solvencia. Por su parte, las empresas de servicios de inversión deberán publicar un informe denominado «Información sobre solvencia» que contenga información sobre aquellos aspectos de su actividad que permitan a otros agentes evaluar el riesgo de sus exposiciones. Este real decreto ha sido sometido a informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Fuente: BOE

Categories: MERCANTIL

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