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RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS



EL TRIBUNAL SUPREMO PROHÍBE A LA AGENCIA TRIBUTARIA LA IMPUTACIÓN COMO GANANCIA PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN EL EXTRANJERO SIN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de junio de 2022, prohíbe a la Agencia Tributaria imputar como ganancia patrimonial los bienes en el extranjero sin plazo de prescripción.

La Sentencia determina que una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información.

Según la Sentencia, la Comisión Europea considera que la previsión contenida en el artículo 39.2 de la LIRPF, introduce un mecanismo manifiestamente desproporcionado de imprescriptibilidad de la potestad de regularizar las rentas de la AEAT. Razona también, que en el ámbito de la Unión Europea, existen mecanismos suficientes de cooperación administrativa para la transmisión de información fiscal.

EL ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA NO PUEDE SER AMPLIADO EN LA APERTURA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de mayo de 2022, interpreta que la ampliación del alcance del procedimiento de comprobación limitada, junto con la notificación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación, es contraria a los artículos 34.1.ñ) y 137 de la LGT, y constituye causa de nulidad de la liquidación dictada, que debe calificarse como infracción sustantiva del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y no como mero defecto formal.

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LEY 10/2014, DE 26 DE SEPTIEMBRE, DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO, LAS MODALIDADES, EL PROCEDIMIENTO, LA REALIZACIÓN Y LA CONVOCATORIA DE LOS MECANISMOS DE LAS CONSULTAS POPULARES NO REFERENDARIAS Y OTRAS F

Posted on September 29, 2014 at 2:05 PM
El artículo 122 del Estatuto de Cataluña establece la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de consultas populares de ámbito local, así como la competencia exclusiva para promover consultas populares en el ámbito de su competencia y otras formas de participación. El artículo 29.6 del Estatuto establece que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Generalitat y los ayuntamientos en la forma y con las condiciones que las leyes establezcan .De acuerdo con los preceptos estatutarios, el Parlamento tiene entre sus prioridades desarrollar el Estatuto, bajo los principios establecidos en el artículo 1.1 de la Constitución española, que caracteriza el principio democrático con el fin de incrementar la calidad democrática mediante la puesta en práctica de mecanismos de participación ciudadana , con el fin de hacer más próxima la Administración y asegurar que la ciudadanía pueda expresar su opinión y ser escuchada en la toma de las decisiones que afectan a sus intereses.En este sentido, es el mismo texto constitucional que en su artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De acuerdo con lo dicho anteriormente, esta ley establece el régimen jurídico y el procedimiento de la convocatoria de consultas populares y de otros mecanismos de participación, como instrumentos dirigidos a conocer la posición o las opiniones de la ciudadanía con relación a cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y en el ámbito competencial de la Generalidad y los entes locales. Ahora bien, cabe señalar que el desarrollo de una verdadera política pública de participación ciudadana no se puede garantizar sólo desde el impulso normativo, sino que debe venir acompañada de muchas otras medidas que afectan a la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y el acceso a la información de las administraciones, las condiciones para debates públicos plurales, el fomento de la asociacionismo y el empoderamiento político de la ciudadanía. Esta ley recoge la madurez y experiencia de todo el trabajo llevado a cabo en Cataluña en el ámbito de la participación ciudadana y, al mismo tiempo, tiene presente que los procesos de consulta que regula tienen necesidad del pluralismo en el acceso a la información y del contraste de opiniones. Las consultas, como instrumento de profundización democrática, requieren condiciones de pluralismo en el acceso a los medios de comunicación que permitan la deliberación fundamentada y necesaria entre la ciudadanía. Partiendo de las premisas expuestas, la presente ley se estructura en cincuenta y seis artículos agrupados en tres títols.El título I contiene las disposiciones de carácter general, que comprenden el objeto y el ámbito de aplicación de la norma y los principios generales que deben garantizar la implementación de todas las formas de participació.El título II regula las consultas populares no referendarias y los instrumentos encargados del seguimiento y control de los procesos de consulta.El capítulo I del título II regula las consultas populares no referendarias y atribuye la competencia para convocarlas al presidente de la Generalitat y los alcaldes. La iniciativa para impulsarlas desde el ámbito institucional corresponde al propio presidente de la Generalitat, al Gobierno, al Parlamento ya los municipios en el ámbito de Cataluña, y al presidente del ente o su lleno en el ámbito local, sin perjuicio de la iniciativa de los ciudadanos que desarrolla el capítulo III. También se establece quiénes son las personas que pueden ser llamadas a participar, se crean el Registro de participación y el Registro de consultas populares y se establecen los efectos de las consultas, que en ningún caso son vinculantes y están sometidas al principio de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del órgano convocante. El capítulo II establece el objeto de la consulta, el contenido mínimo del decreto de convocatoria y el sistema de garantías que debe guiar el proceso de consulta. Este capítulo regula las funciones de los mecanismos de garantía establecidos a estos efectos: la comisión de control, las comisiones de seguimiento y las mesas de consulta. También regula las modalidades de votación y remite a las reglas específicas de cada decreto de convocatoria en cuanto a los criterios de recompte.Així mismo, el capítulo II regula la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de las consultas populares, a los efectos de impulsar su uso, tanto en el proceso de votación como en el de recogida de firmas, para fomentar la participación ciudadana, respetando todas las garantías jurídicas exigibles.El capítulo III regula la iniciativa ciudadana especificando quién puede promover la iniciativa, la composición de la comisión promotora, la legitimación activa de los firmantes, el ámbito de las consultas, las firmas exigibles y los períodos inhábiles para la promoción de nuevas consultas. El título III, sobre procesos de participación ciudadana, se estructura en tres capítulos . El capítulo I contiene disposiciones generales y los ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación. El capítulo II establece las características de la iniciativa institucional y la iniciativa ciudadana, la estructura de los procesos, la aportación de propuestas, la valoración de las propuestas y la evaluación del proceso de participación ciudadana y sus efectes.El título III acaba con el capítulo III, que establece diferentes modalidades participativas, como las encuestas, las audiencias públicas y los foros de participació.La parte final de la ley contiene dos disposiciones adicionales, dos transitorias y dos finales. Las disposiciones finales fijan la entrada en vigor de esta ley y otorgan facultades al Gobierno para hacer el desarrollo por reglamento.

Fuente: DOGC

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DECLARADO LA SUSPENSIÓN DE ESTA NORMA Y DEL DECRETO DE CONVOCATORIA DEL 9-N
 
 

Categories: ADMINISTRATIVO

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206 Comments

Reply rahnik
1:01 AM on January 31, 2022 
Reply jamebroo
1:44 AM on January 31, 2022 
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